Rectoría a concurso

Hace unos días, algunos amigos míos, excelentes universitarios todos, empezaron a organizar un ejercicio colectivo de análisis crítico muy loable: el estudio grupal de los programas de acción propuestos por cada uno de los cinco funcionarios que, en ese momento, habían sido elegidos como candidatos al puesto de rector.

A estos estimados colegas quiero asegurarles que yo, con la mejor de las voluntades, intenté hacer mi parte. Por desgracia, mi inexperiencia en cuanto a la lectura de este tipo de documentos, junto con una acusada tendencia a impacientarme fácilmente (una falta de mi carácter que nunca he dejado de lamentar), me impidieron pasar del cuarto o quinto párrafo del programa que me propuse comentar.

Con toda honestidad, debo decir que yo no entiendo qué utilidad puedan tener, en el contexto de un escrutinio de esta naturaleza, unas declaraciones llenas -a mi juicio- de obviedades, lugares comunes, vacuas generalizaciones y buenos deseos de lo más abstracto.

Al final, me quedó la impresión de que, si yo hubiera tenido que elegir a nuestro próximo rector basándome en la evaluación del contenido de estos escritos, no me hubiera quedado de otra que aplicar mis (escasos) conocimientos de retórica para determinar cuál candidato profesa de manera más elocuente su compromiso con la modernización de la UNAM, sus labores de investigación, la igualdad de género y, por supuesto, la urgentísima necesidad de apoyar con mayor vigor a las humanidades.

En mi opinión, esta universidad no podría tomar una mejor decisión, en lo que respecta a la elección de sus más altas autoridades, que proceder de la misma manera que como lo hace a la hora de conferir grados, plazas y reclacificaciones: a través de concursos de oposición.

Así, y para empezar, los candidatos tendrían que demostrar, por medio de rigurosos exámenes, su conocimiento de la normatividad universitaria, su estructura burocrática y su historia. Mientras este proceso estuviera desarrollándose, una comisión dictaminadora externa tendría a su cargo la evaluación del desempeño académico y administrativo de cada candidato. Después, para terminar con esta primera etapa de selección, se identificaría a los cinco mejores promedios, y estaríamos listos para seguir adelante.

En la segunda etapa -de defensa, por decirlo así-, los candidatos se enfrentarían a dos pruebas. En primera instancia, se seleccionaría a cinco jurados ante los cuales los aspirantes tendrían que defender sus programas de acción. Hecho esto (y publicados los veredictos de los jueces y las minutas de las sesiones), se procedería a realizar un debate público entre los candidatos. Finalmente, se convocaría a los universitarios interesados (inscritos y egresados, es decir, cualquier ciudadano mexicano con un número de cuenta) a votar a favor del individuo de su preferencia.

Por último, un elemental procedimiento aritmético o, a lo más, un breve debate para ajustar tal o cual calificación parcial, bastaría para determinar el nombre del elegido.

Con todo lo utópica que pueda sonar esta propuesta, creo que hay forma de argumentar que tiene la virtud -al menos en potencia- de concederle un espacio razonable tanto a la calificación "numérica" como al juego político y la subjetividad -por ejemplo, en el momento de la selección de los jurados y la evaluación de estos-, y que, por esta razón, es una manera mucho más racional de elegir un rector, que el proceso opaco y casi por completo "político" que ha vuelto a confirmar en su cargo a José Narro, a pesar de su evidente incapacidad -demostrada al cabo de cuatro años de administración- para resolver los problemas más acuciantes de la UNAM.

Dejo a la consideración de mis amables lectores la evaluación de la pertinencia de proponer esta reforma, o, lo que es más probable, de la impertinencia de mis ingenuos proyectos; y sólo quiero terminar con esta reflexión: que un cargo como el de rector de la universidad debería serle conferido sólo a aquellas personas que pudieran demostrar, de la manera más convincente posible, que tienen la capacidad, la visión y la tenacidad para estar a la altura de tal responsabilidad.

Asuntos forenses para reflexionar

Los datos, según el "Proyecto Ambulante" -al parecer, un (¿él?) nuevo órgano de difusión de la "asambleaffyl":

1. El miércoles 26 de octubre es asesinado Carlos Cuevas. Supuestamente, estudiante de la UNAM; supuestamente, a balazos ("16 impactos de bala", dice el "comunicado"). En ningún lado se ofrecen vías para corroborar la información.

2. Se convoca "A los medios de comunicación" y "A la opinión pública" a velar el cuerpo de la víctima en la Facultad de Filosofía y Letras desde la mañana del viernes 28 de octubre; para lo cual la "asambleaffyl" obliga (por medio de amenazas) a los universitarios no interesados en participar en su "velorio-protesta" a interrumpir sus actividades y abandonar las instalaciones desde el jueves por la tarde.

La forma irresponsable -y, probablemente, dolosa- de presentar la información, así como el llamado a sabotear el funcionamiento de la universidad y el deseo de alimentar un clima de enfrentamiento dentro de nuestra facultad, dan mucho material para reflexionar acerca de las numerosas formas (nocivas todas ellas) en que el "activismo social" incide en la vida universitaria; en esta ocasión, sin embargo, queremos hacer énfasis en un aspecto del "caso Cuevas", de naturaleza legal, cuya falta de lógica nos produce toda clase de inquietudes, y nos hace preguntarnos cómo es posible que la autoridad universitaria carezca de la voluntad necesaria para impedir que se involucre a la UNAM en asuntos tan opacos.

En concreto, nuestra duda es la siguiente: ¿que hacía en Ciudad Universitaria el cadáver de un hombre asesinado, dos días después de ocurrido el crimen? ¿Acaso para alguien no es evidente que ninguna precaución es excesiva cuando se trata de preservar una pieza central en la investigación de cualquier homicidio como es, sin duda, el cuerpo mismo de la víctima? Y lo que es más, ¿no son precisamente los que ahora exigen "justicia" y "esclarecimiento" quienes debieron haber procurado, antes que nadie, que el cuerpo fuera trasladado con todo el cuidado necesario hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense, y no ser removido de ahí por ningún motivo hasta concluidas las investigaciones, ni sufrir manipulaciones más allá de las realizadas por expertos, bajo la más estricta documentación; todo esto con el objetivo de evitar la destrucción de cualquier indicio todavía existente en el cadáver que pudiera ayudar a determinar la autoría del crimen?

Aparte de esto, nos resulta incomprensible que ninguna de las autoridades policiales de las dos entidades federativas involucradas en la investigación (el Estado de México y el Distrito Federal) haya impedido que los procedimientos forenses fueran interrumpidos -y, quizás, imposibilitados por completo- de una manera tan torpe e injustificada. De la misma manera, nos parece asombroso -por decir lo menos- que la rectoría universitaria y la dirección de la facultad hayan permitido que la institución fuera involucrada, y aun implicada, en tamaña irregularidad, en lugar de protestar enérgicamente, impedir el acceso del cuerpo al campus y exigir que la policía se hiciera cargo del cadáver; el cual, desde el momento en que fue descubierto, jamás debió de haber salido de su poder.

A pesar de todo lo que pueda replicarnos la "asambleaffyl" -y estamos seguros que no tardarán en encargarle a sus escribidores que lo hagan-, un día nos parece un espacio de tiempo por completo insuficiente para hablar de una inspección forense completa y confiable. Al menos, tal sería nuestra opinión si fuese el caso que la vida de la víctima hubiera tenido valor para nosotros, y estuviéramos auténticamente interesados en que se resolviera el misterio de su muerte. Además, hubiéramos hecho hasta lo imposible por evitar que el cadáver fuera privado de las condiciones que retardan el proceso natural de decaimiento corporal, con la conciencia de que es imposible asegurar, en investigaciones de este tipo, que no se presentará la necesidad de realizar una nueva inspección de los restos.

Pero ésa, como hemos dicho, es la manera en la cual nosotros nos hubiéramos conducido en una situación semejante, y queda claro que nada puede haber más distinto que nuestra manera de pensar y la motivación de nuestras acciones y las de ellos: para algunas personas, los restos mortales de una persona pueden ser un medio para conocer las circunstancias de su muerte, mientra que, para otras, ese mismo cadáver es, ante todo, una herramienta política, un arma de chantaje, y una excelente oportunidad publicitaria. Para convencerse, basta ver lo que ha hecho Sicilia de la muerte de su hijo.

Paros, protestas y otras confusiones

Desde el jueves pasado por la tarde las actividades académicas de la Facultad de Filosofía y Letras se vieron interrumpidas debido al "paro estudiantil" promovido por un grupo de activistas universitarios organizados en "asamblea". El objetivo de estos individuos era el de hacer pública demostración de la indignación que les causó el asesinato de un "tesista de la Facultad de Filosofía y Letras", delito que ellos, sin ofrecer ninguna clase de pruebas, afirman que fue provocado por el combate al narcotráfico que realiza el gobierno federal, además de insinuar que fueron las actividades políticas de la víctima la razón del crimen.

Por supuesto, el hecho de que se hubiera tratado de un "asesinato político" o no es por completo inmaterial, pues, incluso si ése hubiera sido el caso, no hay razón que justifique que, por tal motivo, nuestra facultad se vea obligada a detener sus funciones. En todo caso, se trata de una decisión personal el abandonar las labores académicas que cada miembro de la facultad realiza -como estudiante o profesor- en señal de protesta. Pero eso, evidentemente, ni le da derecho a ningún "colectivo", por numeroso que sea, a imponerle su voluntad a la comunidad en su conjunto, ni exime a ningún participante de la protesta de las consecuencias de su decisión, y cada uno de esos individuos deberá responder por su ausencia injustificada.

Pero esto último no agota la cuestión de la responsabilidad de los promotores del "paro", pues la obstrucción de funciones es un delito, y uno que es necesario considerar como muy grave cuando, como en el caso presente, se perpetra mediante amenazas y violencia. Y para que no se nos acuse de exageración, queremos aclarar que nos basamos, para afirmar lo anterior, en testimonios de estudiantes que, mientras "evacuaban" las instalaciones, se vieron sujetos al maltrato de los activistas.

En nuestra opinión, la actitud de las autoridades universitarias -empezando con el rector- ante esta clase de desórdenes ha propiciado que cada vez sea más fácil hacer de la UNAM un botín político, y utilizarla como medio para alcanzar fines del todo ajenos a sus objetivos legítimos; una situación por completo inaceptable para cualquier universitario responsable, independientemente de su filiación política.

Simplemente desde el punto de vista económico, hay que pensar en la ingente cantidad de recursos que, en lugar de ser invertidos en la educación y la investigación, son, o aprovechados por organizaciones políticas (no pocas de las cuales también se dedican a hacer negocios dentro del campus), o de plano tirados a la basura (salarios de profesores que no pudieron -o no quisieron- dar clase, iluminación de salones vacíos, rehabilitación de bardas pintarrajeadas, etc.)

El doctor Narro, entre otros altos funcionarios de abierta filiación izquierdista, no pierde oportunidad de divulgar su "preocupación" por mejorar la situación material de la universidad. Sin embargo, en los hechos, todos sus discursos se traducen en ignorar los vicios que impiden que una buena parte del presupuesto institucional se dedique a realizar su innegable potencial académico.

En lo que atañe directamente a nuestra facultad, quizás la deuda pendiente más urgente es la recuperación del auditorio principal, junto con todos los otros espacios que siguen estando ocupados de manera ilegal. Y mientras la autoridad atiende ese "asuntito", mucho le agradeceríamos que termine con los "paros" y demás ociosas muestras de descontento, dejándoles ver a todos los activistas, de la manera más clara y terminante posible, que a la UNAM uno no va a cultivar la "libertad" a costa de las responsabilidades.