Desde el jueves pasado por la tarde las actividades académicas de la Facultad de Filosofía y Letras se vieron interrumpidas debido al "paro estudiantil" promovido por un grupo de activistas universitarios organizados en "asamblea". El objetivo de estos individuos era el de hacer pública demostración de la indignación que les causó el asesinato de un "tesista de la Facultad de Filosofía y Letras", delito que ellos, sin ofrecer ninguna clase de pruebas, afirman que fue provocado por el combate al narcotráfico que realiza el gobierno federal, además de insinuar que fueron las actividades políticas de la víctima la razón del crimen.
Por supuesto, el hecho de que se hubiera tratado de un "asesinato político" o no es por completo inmaterial, pues, incluso si ése hubiera sido el caso, no hay razón que justifique que, por tal motivo, nuestra facultad se vea obligada a detener sus funciones. En todo caso, se trata de una decisión personal el abandonar las labores académicas que cada miembro de la facultad realiza -como estudiante o profesor- en señal de protesta. Pero eso, evidentemente, ni le da derecho a ningún "colectivo", por numeroso que sea, a imponerle su voluntad a la comunidad en su conjunto, ni exime a ningún participante de la protesta de las consecuencias de su decisión, y cada uno de esos individuos deberá responder por su ausencia injustificada.
Pero esto último no agota la cuestión de la responsabilidad de los promotores del "paro", pues la obstrucción de funciones es un delito, y uno que es necesario considerar como muy grave cuando, como en el caso presente, se perpetra mediante amenazas y violencia. Y para que no se nos acuse de exageración, queremos aclarar que nos basamos, para afirmar lo anterior, en testimonios de estudiantes que, mientras "evacuaban" las instalaciones, se vieron sujetos al maltrato de los activistas.
En nuestra opinión, la actitud de las autoridades universitarias -empezando con el rector- ante esta clase de desórdenes ha propiciado que cada vez sea más fácil hacer de la UNAM un botín político, y utilizarla como medio para alcanzar fines del todo ajenos a sus objetivos legítimos; una situación por completo inaceptable para cualquier universitario responsable, independientemente de su filiación política.
Simplemente desde el punto de vista económico, hay que pensar en la ingente cantidad de recursos que, en lugar de ser invertidos en la educación y la investigación, son, o aprovechados por organizaciones políticas (no pocas de las cuales también se dedican a hacer negocios dentro del campus), o de plano tirados a la basura (salarios de profesores que no pudieron -o no quisieron- dar clase, iluminación de salones vacíos, rehabilitación de bardas pintarrajeadas, etc.)
El doctor Narro, entre otros altos funcionarios de abierta filiación izquierdista, no pierde oportunidad de divulgar su "preocupación" por mejorar la situación material de la universidad. Sin embargo, en los hechos, todos sus discursos se traducen en ignorar los vicios que impiden que una buena parte del presupuesto institucional se dedique a realizar su innegable potencial académico.
En lo que atañe directamente a nuestra facultad, quizás la deuda pendiente más urgente es la recuperación del auditorio principal, junto con todos los otros espacios que siguen estando ocupados de manera ilegal. Y mientras la autoridad atiende ese "asuntito", mucho le agradeceríamos que termine con los "paros" y demás ociosas muestras de descontento, dejándoles ver a todos los activistas, de la manera más clara y terminante posible, que a la UNAM uno no va a cultivar la "libertad" a costa de las responsabilidades.
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Enójese pero no me pegue